Defensa Técnica Exhaustiva
Examinamos cada folio del atestado y de las diligencias judiciales para detectar vulneraciones de derechos fundamentales o nulidades probatorias.
Más de 25 años de experiencia procesal defendiendo tus derechos ante los Juzgados de Instrucción, de lo Penal, Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo en Madrid, Móstoles y toda España.
En el ámbito del Derecho Penal, las primeras horas de actuación letrada resultan determinantes para el resultado de todo el procedimiento. En Mercedes Fernández Charro y Asociados intervenimos tanto en el ejercicio de la defensa penal técnica de personas físicas y jurídicas como en la acusación particular en defensa de las víctimas, diseñando una estrategia probatoria sólida desde la primera declaración policial o judicial.
Intervenimos en todas las fases del proceso penal: diligencias previas, sumario, juicio rápido, tribunal del jurado, juicio oral y recursos de apelación o casación.
Conocer cada fase procesal es clave para proteger tu libertad, tu patrimonio y tu presunción de inocencia:
Intervenimos desde el primer minuto en comisaría o en el juzgado de guardia. Estudiamos el atestado o la denuncia antes de cualquier declaración.
Proponemos diligencias de investigación (testificales, periciales forenses o económicas) y solicitamos el sobreseimiento y archivo cuando no existen indicios sólidos.
Formulamos la calificación jurídica, impugnamos pruebas ilícitas o negociamos una conformidad penal con rebaja de un tercio de la pena si resulta ventajoso.
Defensa técnica en el acto del Juicio Oral, interposición de recursos de apelación o casación y tramitación de suspensión de condena o cancelación de antecedentes.
Resolvemos las dudas más urgentes ante una citación judicial, detención, juicio rápido o denuncia penal.
Lo más importante es contactar de inmediato con un abogado penalista antes de declarar. Como persona investigada o detenida tienes el derecho constitucional a guardar silencio, a no declarar contra ti mismo y a que tu abogado examine previamente las actuaciones del expediente para preparar una estrategia de defensa segura antes de responder a las preguntas del juez o del fiscal.
La denuncia es una declaración mediante la cual se pone en conocimiento de la policía, fiscalía o juzgado la comisión de un presunto delito, sin que el denunciante sea automáticamente parte del proceso. En cambio, la querella criminal se interpone por escrito mediante abogado y procurador ante el Juzgado de Instrucción competente, permitiendo al perjudicado constituirse desde el inicio como acusación particular, proponer pruebas e impulsar activamente la investigación.
El juicio rápido se aplica a delitos con penas menos graves e instrucción sencilla (como alcoholemias, hurtos o determinados delitos de lesiones). Si tras analizar el atestado y las pruebas técnicas resulta conveniente alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal en el propio juzgado de guardia, la ley permite acogerse a una sentencia de conformidad con reducción de un tercio (1/3) de la condena solicitada, reduciendo al mínimo la retirada del carnet de conducir o la multa económica.
Conforme al artículo 80 del Código Penal, los jueces y tribunales pueden acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años cuando el penado haya delinquido por primera vez (sin computar delitos imprudentes, delitos leves ni antecedentes cancelados o cancelables) y se hayan satisfecho o garantizado las responsabilidades civiles conforme a su capacidad económica. También existen supuestos excepcionales de suspensión en penas superiores por razones humanitarias o de rehabilitación.
Para cancelar los antecedentes penales ante el Ministerio de Justicia es necesario haber extinguido íntegramente la responsabilidad penal y haber transcurrido sin volver a delinquir los plazos del artículo 136 del Código Penal: 6 meses para penas leves, 2 años para penas que no excedan de 12 meses o por delitos imprudentes, 3 años para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años, 5 años para penas menos graves iguales o superiores a 3 años, y 10 años para penas graves.
Desde la reforma del artículo 31 bis del Código Penal, las sociedades mercantiles pueden ser condenadas penalmente con multas millonarias, inhabilitación para contratar con el sector público o incluso la disolución judicial por delitos cometidos por sus directivos o empleados. Contar con un programa eficaz de cumplimiento normativo (Compliance Penal) antes de la comisión del delito actúa como causa de exención o atenuación de la responsabilidad penal de la empresa.
Examinamos cada folio del atestado y de las diligencias judiciales para detectar vulneraciones de derechos fundamentales o nulidades probatorias.
Protegemos la reputación personal, profesional y corporativa de nuestros clientes con absoluta reserva en cada fase del procedimiento.
Actuamos con agilidad ante citaciones urgentes, medidas cautelares, juicios rápidos y recursos procesales en Madrid, Móstoles y toda España.
Si necesitas defensa penal urgente, has recibido una citación judicial o deseas interponer una denuncia o querella con todas las garantías, ponte en contacto hoy mismo con nuestro equipo.
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