Doble Especialización Penal y AEAFA
Abordamos simultáneamente el procedimiento penal y el proceso de divorcio o custodia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin fisuras.
Más de 25 años de experiencia ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y Juzgados de lo Penal en Madrid, Móstoles y toda España, uniendo en un mismo equipo la especialización en Derecho Penal y Derecho de Familia.
Los procedimientos tramitados ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) tienen una particularidad única: en una misma sede judicial y en cuestión de horas se deciden tanto medidas penales cautelares (alejamiento, prohibición de comunicación o libertad provisional) como medidas civiles de familia (atribución del uso de la vivienda familiar, guarda y custodia de los hijos menores, suspensión o régimen de visitas y pensión de alimentos). En Mercedes Fernández Charro y Asociados intervenimos tanto en la acusación particular y protección integral de las víctimas como en la defensa técnica penal con el máximo rigor probatorio.
Ofrecemos asistencia letrada inmediata en comisaría, juzgados de guardia, juicios rápidos, procedimientos abreviados y procesos de divorcio o medidas paternofiliales conexas.
Un procedimiento con plazos de horas exige preparación inmediata tanto en la vertiente penal como en la de familia:
Intervenimos desde el primer momento en comisaría o en el juzgado, recopilando partes médicos, mensajes, audios, testigos y documentación familiar.
Defendemos tus intereses en la audiencia de la Orden de Protección, donde el juez resuelve sobre las medidas penales de alejamiento y las medidas civiles de hijos y vivienda.
Tramitamos dentro del plazo legal de 30 días hábiles la demanda de divorcio o medidas paternofiliales ante el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
Ejercemos la acusación particular o la defensa técnica en la fase de instrucción y en el Juicio Oral ante el Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial.
Resolvemos las dudas más importantes sobre la Orden de Protección, la custodia de los hijos y el procedimiento penal.
La Orden de Protección (artículo 544 ter de la LECrim) es una resolución judicial única que otorga un estatuto integral de protección: acuerda medidas cautelares penales (como prohibición de aproximación y comunicación) y, cuando existen hijos menores, medidas civiles urgentes (uso de la vivienda familiar, guarda y custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos). Estas medidas civiles tienen una vigencia temporal de 30 días, plazo durante el cual debe presentarse la demanda de divorcio o medidas paternofiliales para que se prorroguen.
Conforme al artículo 92.7 del Código Civil, no procede la guarda y custodia compartida cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, y existan indicios fundados de violencia doméstica o de género. Asimismo, tras la reforma del artículo 94 del Código Civil, la autoridad judicial puede suspender el régimen de visitas o acordar su desarrollo supervisado en atención al interés superior del menor.
Es fundamental saber que las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación solo pueden ser dejadas sin efecto por el juez que las dictó o por extinción de la pena. Según el Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el consentimiento de la persona protegida no excluye la comisión de un delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar (artículo 468 del Código Penal), por lo que reanudar la convivencia o las comunicaciones sin resolución judicial previa constituye un nuevo delito.
El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa de la obligación de declarar como testigo contra el investigado a su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga, siempre que el vínculo existiera en el momento de los hechos. No obstante, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esta dispensa tiene importantes excepciones: por ejemplo, no puede acogerse a ella quien haya ejercido previamente la acusación particular en el procedimiento.
La violencia de género (LO 1/2004) comprende los actos de violencia física o psicológica ejercidos por un hombre sobre una mujer que sea o haya sido su cónyuge, o con quien esté o haya estado ligado por una relación análoga de afectividad (noviazgo o pareja), aun sin convivencia, y es competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En cambio, la violencia doméstica o intrafamiliar (art. 173.2 CP) protege al resto de personas integradas en el núcleo de convivencia familiar (hijos, padres, abuelos, hermanos o parejas del mismo sexo) y se tramita ante los Juzgados de Instrucción ordinarios.
Abordamos simultáneamente el procedimiento penal y el proceso de divorcio o custodia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin fisuras.
Ofrecemos un entorno seguro, discreto y cercano, priorizando siempre la protección de los hijos menores y la estabilidad familiar.
Actuamos con inmediatez en las comparecencias de guardia y órdenes de protección en los juzgados de Madrid, Móstoles y toda la Comunidad de Madrid.
Si necesitas asistencia letrada urgente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, solicitar una Orden de Protección o defender tus derechos penales y paterno-filiales, contacta con nuestro equipo con total confidencialidad.
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