Estudio Médico-Legal Previo
Solo recomendamos acudir a juicio cuando el dictamen pericial médico confirma la existencia de mala praxis o falta de consentimiento informado.
Más de 25 años defendiendo a pacientes y familias en Madrid, Móstoles y toda España por mala praxis médica, errores de diagnóstico, infecciones hospitalarias y falta de consentimiento informado en la Sanidad Pública y Privada.
Reclamar una negligencia médica exige demostrar técnicamente que la actuación sanitaria se apartó de los protocolos médicos vigentes (la llamada lex artis ad hoc) o que se omitió el deber legal de información al paciente, provocando un daño antijurídico. En Mercedes Fernández Charro y Asociados nunca iniciamos un litigio a ciegas: realizamos primero un estudio de viabilidad médico-legal con peritos médicos especialistas sobre tu historia clínica completa antes de interponer la reclamación patrimonial o judicial.
Actuamos en vía administrativa (Responsabilidad Patrimonial), civil (frente a clínicas privadas, sociedades médicas y aseguradoras) y penal (imprudencia profesional grave).
Un procedimiento sanitario exitoso se construye sobre una prueba documental y pericial irrebatible desde el primer día:
Te ayudamos a solicitar al hospital público o privado tu historia clínica íntegra (incluyendo hojas de enfermería, pruebas de imagen, quirófano y consentimientos).
Un perito médico especialista en la materia analiza la documentación para confirmar si existió mala praxis (vulneración de la lex artis) y nexo causal con las secuelas.
Cuantificamos la indemnización por lesiones, secuelas, daño moral y lucro cesante, eligiendo la vía más eficaz: patrimonial administrativa, civil (MASC + demanda) o penal.
Negociamos con la aseguradora del servicio de salud o clínica privada y defendemos el dictamen pericial en el acto del juicio hasta obtener la indemnización íntegra.
Resolvemos las dudas más habituales antes de iniciar una reclamación contra un hospital público, clínica privada o compañía médica.
En la Sanidad Pública el plazo de prescripción es de 1 año (art. 67 de la Ley 39/2015). En la Sanidad Privada el plazo es de 5 años si existe relación contractual con el médico, clínica o seguro de salud (art. 1964 CC) y de 1 año para acciones extracontractuales. Lo más importante (principio de la actio nata) es que el plazo no empieza a contar el día de la operación o del error médico, sino el día de la estabilización definitiva de las secuelas (o desde la fecha de fallecimiento del paciente).
Conforme a la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y a la normativa de protección de datos, el paciente (o sus familiares en caso de fallecimiento) tiene un derecho legal indiscutible a obtener copia íntegra de toda su historia clínica en el plazo máximo de 30 días. No basta con el informe de alta: solicitamos las hojas de evolución médica y de enfermería, registros de urgencias, hojas quirúrgicas y de anestesia, registros cardiotocográficos y documentos de consentimiento informado. Si el centro no la entrega, podemos requerirla judicialmente mediante diligencias preliminares.
Sí. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la falta o defecto del Consentimiento Informado constituye por sí misma una infracción de la lex artis ad hoc. Si se materializa una complicación o secuela de la que el paciente no fue debidamente advertido por escrito antes de la intervención, existe derecho a ser indemnizado por el daño moral y patrimonial derivado de haberle privado de su autonomía para decidir o buscar alternativas.
Cuando la negligencia ocurre en un hospital público (como los centros del SERMAS en la Comunidad de Madrid), existen dos vías estratégicas: presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la propia Administración sanitaria (y posterior recurso contencioso-administrativo), o bien interponer una demanda civil mediante la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro directamente contra la compañía aseguradora de la Administración, lo que permite litigar ante los Juzgados de Primera Instancia y reclamar los intereses del artículo 20 LCS.
En espera de un baremo sanitario específico, los Tribunales españoles aplican de forma orientativa el Baremo de Valoración del Daño Corporal (Ley 35/2015 actualizado anualmente), incrementando sus cuantías en atención a las circunstancias del caso y al daño moral específico. Se indemnizan los días de hospitalización y curación, las secuelas físicas, neurológicas, psicológicas y estéticas, la necesidad de ayuda de tercera persona, la adaptación de vivienda y el lucro cesante o pérdida de ingresos.
Solo recomendamos acudir a juicio cuando el dictamen pericial médico confirma la existencia de mala praxis o falta de consentimiento informado.
Elegimos la vía procesal más ventajosa para tu caso: Contencioso-Administrativa, Civil (acción directa contra aseguradora) o Penal.
Comprendemos el impacto personal y familiar de un daño médico; te mantenemos informado con empatía, claridad y total transparencia.
Si tú o un familiar habéis sufrido las consecuencias de un error de diagnóstico, una intervención quirúrgica defectuosa o una negligencia en el parto, contáctanos para analizar la viabilidad de tu caso antes de que prescriba el plazo.
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